Jardín Botánico Nacional en riesgo por proyecto vial que removería más de 11 mil metros cuadrados

En plena capital dominicana se libra una batalla entre el desarrollo vial y la conservación ambiental. El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, una de las reservas verdes más importantes del país, podría perder más de 11 mil metros cuadrados de su superficie para dar paso a un nuevo túnel y carriles adicionales en la avenida República de Colombia.

Esta propuesta forma parte de un plan del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para conectar más eficientemente las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta. Sin embargo, el diseño preliminar incluye una salida del túnel justo frente al Jardín, lo que ha desatado una ola de críticas desde la comunidad científica, ambientalista, política y empresarial.

El exdirector del Jardín, Ricardo García, en conversación con Reporte Especial con Julissa Céspedes, calificó la propuesta como “una locura” y un atentado contra un patrimonio nacional científico.

Mientras, que el urbanista Marcos Barinas advirtió que el proyecto afectaría zonas vitales. Tales como el vivero de especies nativas, el herbario nacional, y áreas hidrológicas críticas. Según Barinas, el plan además contraviene la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial.

Pese a que Obras Públicas afirma que el proyecto aún está en evaluación ambiental, técnicos del ministerio marcaron con estacas el perímetro afectado en julio. La acción generó preocupación en la ciudadanía. Las autoridades del Jardín aseguran que no han sido notificadas formalmente.

El presidente Luis Abinader se pronunció al respecto en su rueda de prensa “La Semanal”. Alló prometiendo que no habrá intervención sin antes realizar estudios serios y emitir una decisión oficial basada en criterios técnicos.

Las leyes en juego

El Jardín Botánico fue creado mediante la Ley 456-76 y está protegido por la Ley de Medio Ambiente (64-00), la Ley de Áreas Protegidas (202-04), y el principio constitucional de no-regresión ambiental. También la Ley 176-07 prohíbe la enajenación de bienes públicos como parques, y la Ley 368-22 obliga a los municipios a conservar sus áreas verdes urbanas.

Sectores como ECORED y legisladores como José Horacio Rodríguez denuncian que este proyecto no solo representa una amenaza ecológica, sino también una grave contradicción legal. Mientras tanto, se organizan protestas, como una cadena humana frente al Jardín, para exigir transparencia y respeto a las áreas protegidas.

Este conflicto abre una interrogante nacional: ¿debe el crecimiento urbano avanzar a costa del medioambiente?